La apertura fronteriza fue determinada por la Dirección Nacional de Aduanas, y quedó bajo el control de Gendarmería Nacional, quien monitoreará durante 360 días el tránsito de personas y maquinarias que trabajen en un recubrimiento que informaron que se realizará para sanear alrededor de 50 hectáreas. 

La medida es de carácter provisoria y fue establecida para que la minera cumpla con un acuerdo firmado con el gobierno de San Juan.

El acuerdo establece que mientras la Justicia Federal sanjuanina resuelva la situación con la escombrera, la empresa chilena debe aislar los escombros utilizando una geomembrana más una película de nailon de polietileno, retirar cubiertas de camión y construir en la base un canal para evitar mayor contaminación por el derrame de líquidos. 

Incertidumbre por los desperdicios

El senador Fernando “Pino” Solanas se manifestó en contra del acuerdo considerándolo inconstitucional, e incluso realizó una presentación en la Justicia Federal para que quede sin efecto. Al respecto expresó: “A nadie se le ocurre arrojar residuos peligrosos a un país vecino y hermano, contrariando nuestra legislación. Además, se trata de cuatro o cinco delitos en cadena: usurpación de territorio nacional, usurpación de propiedad privada, usurpación de aguas y contaminación”.

Asimismo, Solanas explicó que la situación empeora con el acuerdo firmado con el gobierno de San Juan para aislar 50 millones de toneladas de residuos peligrosos. “Esto es un cuento, no se puede hacer”, agregó y sostuvo que se debe exigir a la empresa de forma urgente que retire todo su material del suelo argentino. 

Al respecto, el fiscal de Estado Guillermo De Sanctis informó que el gobierno de San Juan hizo uso de las facultades como autoridad ambiental que tiene por su propio suelo, pero que ahora le corresponde a la Cancillería Argentina “actuar a la luz del derecho internacional público, con la cancillería chilena para bregar por un acuerdo, en relación a estos escombros, si se llevan o se dejan”.